El titular del Parlamento se basa en tres artículos de la Constitución venezolana para declarar “usurpador” a Nicolás Maduro y asumir las funciones del Ejecutivo.
El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de
Venezuela,Juan
Guaidó, al levantar su mano derecha y anunciar que asumía las
competencias del Ejecutivo adujo los artículos 233, 333 y 350 de la
Constitución que, según él, deberían ofrecerle un blindaje legal como
mandatario interino. La jugada es posiblemente arriesgada en términos legales,
aunque el líder opositor fue cauto y ahora apuesta al apoyo internacional para
darle validez a su mandato.
Guaidó pidió a los cientos de miles de venezolanos que lo
acompañaron en esa proclama, el miércoles, que juraran a la vez respaldarlo en
la lucha para que cese la "usurpación" de Nicolás
Maduro en la Presidencia del país y asumir esta
responsabilidad bajo los artículos 333 y 350, concretamente.
El objetivo, dijo, es "lograr el respaldo de la Fuerza
Armada y de la comunidad internacional".
El artículo 233 trata lo referente a las faltas
absolutas del presidente, por causas de muerte, incapacidad física o mental,
renuncias o destituciones.
El texto constitucional señala que cualquiera de estas
causas será aprobada por el Parlamento, que declarará "el abandono de
cargo", así como "la revocación popular de su mandato".
Según el artículo 233, cuando se produzca esta falta "se
procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los
treinta días consecutivos siguientes" en los que, dice la
Constitución, "se encargará de la Presidencia de la República el
Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional".
Pero lo cierto, señala un artículo de Félix Flores en el
diario La Vanguardia, de Barcelona, es que Maduro no ha estado
para nada “ausente”. El líder chavista juró su segundo mandato el pasado 10 de enero y
no lo hizo ante la Asamblea Nacional sino ante el Tribunal Supremo, que por
supuesto está controlado por el régimen, pero esta posibilidad está contemplada
en el Artículo 231 de la Constitución.
En realidad el problema es la
elección presidencial del 20 de mayo, que
fue convocada por la Asamblea Constituyente creada por Maduro, para casi
todo el mundo fue fraudulenta. La oposición representada en la Mesa de la
Unidad Democrática y Frente Amplio llamó a la abstención, que registró un
máximo histórico. La oposición no reconoce, pues, estas elecciones, y la
interpretación que hace es que el periodo constitucional de Maduro terminó el 9
de enero, porque el mismo Artículo 231 dice que el candidato o candidata
elegido tomará posesión del cargo “el 10 de enero del primer año de su periodo
constitucional”.
Si Maduro es un presidente ilegítimo, entonces existe una
“falta absoluta del presidente electo” y se deben convocar elecciones en 30
días, período durante el cual es jefe del Estado el presidente de la Asamblea,
es decir, Juan Guaidó, señala La Vanguardia.
El abogado especialista en Derecho Constitucional José
Vicente Haro explicó a la agencia EFE que Guaidó fue extremadamente
cauto al dar el paso del miércoles para permanecer en el terreno de la
legalidad.
Lo que hizo "para poder asumir como
presidente encargado de la república es legal, es constitucional y es
legítimo", asegura Haro
"Juan Guaidó hace esa manifestación de voluntad,
personal, individual, como lo requiere el artículo 233 de la
Constitución", agregó.
Guaidó también habla del artículo 333 que blinda
a la Constitución en el caso de que "dejare de observarse por acto de
fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en
ella".
Este artículo faculta a todo ciudadano "investido o no
de autoridad", en "el deber de colaborar en el restablecimiento de su
efectiva vigencia" si la Carta Magna llegara a ser violentada, un acto del
que la oposición acusa a Maduro de cometer en reiteradas oportunidades e
incluso califica a su gobierno de dictadura.
El último artículo que mencionó Guaidó en su juramento, el
350, empodera a los venezolanos en la fidelidad de "su tradición
republicana" a desconocer a "cualquier régimen, legislación o
autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o
menoscabe los derechos humanos".
Maduro ha sido calificado de "dictador" por sus
detractores, quienes además lo acusan de violar los derechos humanos, de
limitar la participación en los comicios con prohibiciones electorales sobre
sus adversarios y de mantener en prisión a políticos opositores que en la
actualidad suman más de 200 según la ONG Foro Penal.
También lo señalan por haber "acabado con el Estado de
Derecho", al considerar que todas las instituciones de Venezuela han
actuado bajo sus órdenes menos el Legislativo, en manos de la oposición.
"Juan Guaidó lo que hace es cubrir un requerimiento
legal que es la manifestación de voluntad, y la juramentación, para poder
acceder al cargo y cubrir los requisitos constitucionales, aclarando siempre,
muy importante que era necesario que él dijera que lo hacía como
encargado", explica Haro. Y apunta que esta jura debe mantenerse bajo
el objetivo claro "de llevar a una transición que conduzca a unas
elecciones".
Fuente: Clarin.com
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