Santo Domingo
El Defensor del Pueblo depositó en el Congreso
Nacional un informe de su gestión durante el período del primero de mayo
del 2015 al 30 de abril de 2016, en el cual rinde cuentas del
presupuesto ejecutado durante ese año, de las atenciones brindadas a los
usuarios y las actividades educativas en materia de derechos
fundamentales realizadas para que la población tome conciencia y los
ejercite.
En el informe, la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, resalta la transparencia y el manejo pulcro dado a los recursos públicos que le fueron asignados, ascendente a 150 millones de pesos.
Destaca que esa transparencia en el manejo presupuestal quedó evidenciado en los resultados preliminares de una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas, a solicitud de la Defensoría, y con el seguimiento a la ejecución presupuestaria que realiza la unidad de Control Interno de la Contraloría General de la República que fu instalada en la sede de la institución, a requerimiento de la titular.
El informe precisa que en el período comprendido entre el primero de mayo del 2015 al 30 de abril de 2016 el Defensor del Pueblo resolvió 470 expedientes de reclamación, de los cuales 319 fueron hechas por ciudadanos y 151 tramitados por iniciativa de la entidad. En ese tiempo brindó 539 orientaciones a los ciudadanos.
Más del 67 por ciento de las reclamaciones formalizadas, procesadas y atendidas por el Defensor del Pueblo conciernen a derechos relativos a servicios públicos de agua potable, asuntos municipales, medio ambiente adecuado, servicios de obras públicas, acción disciplinaria policial y militar, administración penitenciaria, función pública, derecho inmobiliario, protección a personas de la tercera edad y asuntos penales.
En base a las estadísticas por materias del Defensor del Pueblo, el informe señala que en la República Dominicana existe un alto grado de inseguridad jurídica en otras áreas, tales como asuntos laborales, seguridad social, acto de estado civil y servicios públicos de salud.
Indica que se presentaron varios casos en los que el Defensor del Pueblo ejerció una función de intermediación, particularmente en situaciones de problemas de vecindad. Destaca reclamos realizados por personas de diversos países, como España, Haití y Bolivia.
Casos resueltos
En el documento se detallan los casos más emblemáticos atendidos y resueltos por el Defensor del Pueblo, las atenciones cotidianas al conjunto de quejas que presentan los ciudadanos ante la institución, los cuales son manejadas a través de la Dirección de Tutela de Derechos y el Departamento de Atención al Ciudadano.
Entre los casos resueltos recogidos en el informe se citan la canalización de una operación de un menor que padecía una mal formación congénita en el hospital pediátrico Dr. Hugo Mendoza; la ejecución de orden de traslado dictada por autoridad competente de múltiples internos del centro de corrección y rehabilitación de San Pedro de Macorís hacia el centro de corrección Najayo, al igual que el traslado de un interno a un centro odontológico para recibir atenciones de emergencia. Gestionó la tramitación ante la Junta Central
Electoral (JCE) del proceso de declaración tardía de una señora, logrando que ella y su familia adquirieran sus atas de nacimiento y cédulas de identidad y auxilió a un ciudadano para la tramitación de un expediente de suplantación de identidad por ante la JCE.
Fuente: Listin Diario
En el informe, la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, resalta la transparencia y el manejo pulcro dado a los recursos públicos que le fueron asignados, ascendente a 150 millones de pesos.
Destaca que esa transparencia en el manejo presupuestal quedó evidenciado en los resultados preliminares de una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas, a solicitud de la Defensoría, y con el seguimiento a la ejecución presupuestaria que realiza la unidad de Control Interno de la Contraloría General de la República que fu instalada en la sede de la institución, a requerimiento de la titular.
El informe precisa que en el período comprendido entre el primero de mayo del 2015 al 30 de abril de 2016 el Defensor del Pueblo resolvió 470 expedientes de reclamación, de los cuales 319 fueron hechas por ciudadanos y 151 tramitados por iniciativa de la entidad. En ese tiempo brindó 539 orientaciones a los ciudadanos.
Más del 67 por ciento de las reclamaciones formalizadas, procesadas y atendidas por el Defensor del Pueblo conciernen a derechos relativos a servicios públicos de agua potable, asuntos municipales, medio ambiente adecuado, servicios de obras públicas, acción disciplinaria policial y militar, administración penitenciaria, función pública, derecho inmobiliario, protección a personas de la tercera edad y asuntos penales.
En base a las estadísticas por materias del Defensor del Pueblo, el informe señala que en la República Dominicana existe un alto grado de inseguridad jurídica en otras áreas, tales como asuntos laborales, seguridad social, acto de estado civil y servicios públicos de salud.
Indica que se presentaron varios casos en los que el Defensor del Pueblo ejerció una función de intermediación, particularmente en situaciones de problemas de vecindad. Destaca reclamos realizados por personas de diversos países, como España, Haití y Bolivia.
Casos resueltos
En el documento se detallan los casos más emblemáticos atendidos y resueltos por el Defensor del Pueblo, las atenciones cotidianas al conjunto de quejas que presentan los ciudadanos ante la institución, los cuales son manejadas a través de la Dirección de Tutela de Derechos y el Departamento de Atención al Ciudadano.
Entre los casos resueltos recogidos en el informe se citan la canalización de una operación de un menor que padecía una mal formación congénita en el hospital pediátrico Dr. Hugo Mendoza; la ejecución de orden de traslado dictada por autoridad competente de múltiples internos del centro de corrección y rehabilitación de San Pedro de Macorís hacia el centro de corrección Najayo, al igual que el traslado de un interno a un centro odontológico para recibir atenciones de emergencia. Gestionó la tramitación ante la Junta Central
Electoral (JCE) del proceso de declaración tardía de una señora, logrando que ella y su familia adquirieran sus atas de nacimiento y cédulas de identidad y auxilió a un ciudadano para la tramitación de un expediente de suplantación de identidad por ante la JCE.
Fuente: Listin Diario
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